La Opinion
Políticos se unen a marcha campesina – La senadora estatal Deborah Ortiz y el ex presidente de la Asamblea Antonio Villaraigosa marcharán hasta Sacramento
Victoria Keith,
Corresponsal de La Opinión
Sabado, 17 de agosto de 2002
SACRAMENTO, California.– Líderes políticos latinos unirán fuerzas con miembros del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) y campesinos este fin de semana, en un intento por fortalecer el apoyo al proyecto de ley SB 1736 y convencer al gobernador Gray Davis a que lo firme.
La senadora estatal Deborah Ortiz (demócrata por Sacramento) y el ex líder de la Asamblea Antonio Villaraigosa se unirán a la marcha de 10 días que comenzó el jueves en la ciudad de Merced.
Ortiz se quedará a dormir en casa de una familia de campesinos en Turlock. Se espera que el grupo de manifestantes llegue a Modesto el domingo.
Asimismo, 29 legisladores, entre ellos la senadora Martha Escutia (demócrata por Norwalk) formarán parte del grupo de manifestantes en huelga de hambre este lunes frente al Capitolio estatal, cuando las vigilias comenzarán a realizarse las 24 horas al día, hasta que la marcha termine en Sacramento el 25 de agosto.
"Nunca antes se había visto algo similar. ¿Cuándo íbamos a pensar que los políticos se iban a unir a nuestra causa? Pero esto demuestra que, poco a poco, están más conscientes de nuestro sufrimiento y necesidad", dijo Salvador Mendoza, quien junto con otros cuatro compañeros está en huelga de hambre desde el jueves en la mañana.
La huelga de los legisladores durará toda la semana.
La marcha, que este fin de semana alcanzarán las ciudades de Turlock, Modesto y Manteca, juntó a más de cien personas.
La propuesta SB 1736 del líder del Senado John Burton (demócrata de San Francisco) autoriza el uso de un arbitraje independiente en caso de que disputas contractuales entre agricultores y campesinos sindicalizados queden en un impasse de un período de tres meses.
Bajo el arbitraje, ambas partes serían obligadas a aceptar los términos del mismo.
Desde que la medida fue aprobada en la Legislatura la semana pasada, el gobernador no ha dado indicio de apoyo y se teme que la vete.
"Esta propuesta de ley brindará justicia económica y respeto a todos aquellos a los que se les ha negado el derecho de obtener un contrato para mejorar sus vidas y las de sus familias", dijo la congresista Hilda Solís en un comunicado de prensa ayer.
Tanto Solís como el también congresista californiano George Miller y otros 14 miembros del Congreso estadounidense enviaron una carta al gobernador Davis abogando por su firma.
Opositores de la medida, incluida la Asociación de Western Growers, dicen que la propuesta le da poderes al sindicato de los que ningún otro grupo goza en el estado.
También alegan que unos 80 mil granjeros podrían verse obligados a aceptar términos contractuales con los que no están de acuerdo y que los llevaría a subir precios de fruta y verdura.
"Esta propuesta podría llevar a miles de granjeros a la bancarrota. Estamos hablando de darle preferencia a un solo grupo y atar las manos del otro. Eso va en contra de las leyes laborales", dijo Celine García, portavoz de Western Growers, a La Opinión.
El 90% de los campesinos en California no tienen un seguro médico y el 75% de ellos ganan menos de 10 mil dólares al año.
La Ley de Relaciones Laborales Agrícolas (ALRA) de 1975 fue desarrollada para proteger los derechos de campesinos y respaldarlos en actividades sindicales, pero en sus 27 años de existencia ha hecho poco para monitorear los procedimientos contractuales.
El UFW asegura que, de 428 posibles contratos, sólo 185 han sido firmados y que, de 34 millones que ALRA ha multado a 58 empleadores por negociar de mala fe, solo 4.4 millones han sido pagados.
"Lo único que queremos es que se paguen mejores salarios, que se den beneficios de salud y de pensión. Es lo más básico y lo más esencial", concluyó Mendoza.
Nota de La Opinión
Copyright: La Opinion