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La Opinion: Los campesinos estatales cantan victoria – Dos nuevas leyes los protegen contra la explotación y salarios injustos

La Opinion

Los campesinos estatales cantan victoria

Dos nuevas leyes los protegen contra la explotación y salarios injustos

8/9/01

Gabriel Lerner
Editor de Noticias Estatales

Los trabajadores agrícolas de California se anotaron ayer un importante triunfo, quizás el mayor en más de 20 años, cuando el gobernador Gray Davis firmó y convirtió en leyes estatales dos proyectos de ley que incrementan su protección contra la explotación por parte de contratistas y hace a los granjeros responsables en caso de que los contratistas no cumplan con sus obligaciones legales.

"Los trabajadores del campo constituyen uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad", dijo a La Opinión Robert Hertzberg, demócrata, presidente de la Asamblea de California y autor de la ley AB423.

"Esta ley, la primera promovida por el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), que es aprobada por ambas cámaras legislativas y firmada por el gobernador desde la creación del sindicato en 1956, va a asegurar que esta gente que hace un trabajo tan difícil, reciba un pago decente y pueda defenderse contra contratistas inescrupulosos. Estoy realmente satisfecho", expresó Hertzberg.

La nueva ley, que lleva el número 423 por la fecha del natalicio del líder campesino Cesar Chávez, no fue aprobada el año pasado, debido a la oposición de organizaciones de los granjeros.

La fecha de implementación de la nueva legislación es 1 de enero de 2003, luego de la creación de organismos capaces de controlar la actividad de los contratistas.

Normas estrictas

En principio, explica la oficina del gobernador Gray Davis, la ley AB423 manda al comisionado de Trabajo establecer Unidades de Verificación para el Cumplimiento de Contratistas de Trabajo Agrícola y establece penas civiles y criminales por violaciones de regulaciones salariales, de salud y seguridad.

La ley SB1125, por su parte, presentada por John Burton, demócrata y presidente interino del Senado de California, establece depósitos de fianzas obligatorias que cubrirían las pérdidas financieras de los trabajadores en caso de que el contratista no cumpla con sus obligaciones o defraude a los trabajadores.

"Muchos granjeros emplean a contratistas que, a su vez, emplean, pagan y supervisan a los obreros", dice Hertzberg en un comunicado de prensa. "Algunos de ellos pagan por pieza, lo que puede resultar en que no paguen el salario mínimo siquiera", explica. "Otros controlan la vivienda, el transporte y la comida de los trabajadores, haciéndolos vivir en condiciones que no se ajustan a los estándares legales", explicó.

Uno de los puntos esenciales de la nueva ley, explica a La Opinión Rosalinda Guillén, directora de acción legislativa de UFW, es que hace responsables a los mismos granjeros en caso de que sus contratistas no respondan. "El granjero tiene que verificar que el contratista está licenciado por el estado y que tiene los fondos necesarios para pagar una fianza que cubra a los trabajadores". Asimismo, dice Guillén, "el granjero que ocupa al contratista tendrá que verificar que éste paga los impuestos de desempleo y compensación al trabajador. En caso de que el contratista no cumpla con sus compromisos laborales legales, los trabajadores pueden demandar no solamente al contratista, sino también al granjero".

Comunicado de Davis

Davis definió ayer la firma de las leyes como "el más significante paquete de legislación laboral agrícola en California en 20 años".

"Esta ley quiere proteger la vitalidad de la industria agrícola de California, con sus 27,000 millones de dólares anuales de producción y la salud y seguridad de los empleados", dijo Davis. "Espero que las penas que provee la nueva ley hará, a quienes violan las leyes de trabajo horario y salario de California, que piensen dos veces antes de cometer actos ilegales", finalizó el gobernador.

Rosalinda Guillén explica que una de las raíces de la situación imperante es que los rancheros no pagan lo suficiente a los contratistas para que ellos a su vez paguen salario mínimo a los trabajadores. "Esto causa mucha pobreza, demasiada. Es una pobreza estructural, considerada normal aunque no lo sea", dice Guillén.

Sindicato de campesinos

La activista expresa su alivio con la aprobación de la ley, que es "el resultado de una lucha de más de dos años", según dijo a La Opinión.

Explicó que el año pasado no fue aprobado porque, "después de muchas negociaciones con los representantes de la industria, ellos mismos reconocieron que existe un problema y que sus raíces están en los contratistas que ellos ocupan. Los malos contratistas causaron problemas de imagen a la comunidad en las áreas rurales, con sus abusos y su corrupción que llevó a que las familias campesinas no recibieran sus sueldos y sus beneficios", dice Guillén.

Las negociaciones tuvieron lugar, dijo Guillén, entre el Sindicato de Trabajadores Agrícolas y el Wine Institute, así como, el año pasado, con el Farm Bureau y el Consejo de Agricultura de California, principales organismos que representan a los granjeros.

"Se trata de acuerdos con rancheros pequeños y medianos", explicó la activista. Los grandes empleadores, como Dole, que ocupa a 25 mil trabajadores, no requieren de contratistas. Otras granjas mayores son las de Zaninovich y Gerawan, con más de dos mil campesinos cada una.

"Pensamos que el 52% de los trabajadores en el campo trabajan bajo contratista", dice Guillén.

En total, existen alrededor de 25 mil empleadores que ocupan a más de un millón de trabajadores en la agricultura de California, especialmente en el Valle Central.

Según un estudio de la Universidad de California en Davis, los trabajadores del campo ganan, término medio, alrededor de la mitad de lo que perciben los obreros urbanos. "En lugar de los estereotipos de agricultores del oeste medio, que trabajan el campo con sus manos", dice Philip Martin, autor del estudio, "los dueños de las granjas de California muy raramente trabajan el campo personalmente y, a menudo, por las barreras lingüísticas, ni siquiera se comunican con los trabajadores".

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