La Opinion
Justicia en el campo
Martes, 18 de junio de 2002
La ley de Relaciones Agrícolas de 1975 (ALRA) fue expedida con el fin de "asegurar paz en los campos de California mediante justicia para los trabajadores agrícolas y la estabilidad en las relaciones laborales agrícolas". La ley estableció el derecho de los trabajadores del campo a sindicalizarse y a ser representados por sus sindicatos en negociaciones colectivas con los empleadores. Pero ALRA, que creó también la Junta de Relaciones Laborales (ALRB), omitió establecer un proceso obligatorio de negociación colectiva, mediación y arbitraje. Como consecuencia, los empresarios pueden negarse impunemente a efectuar negociaciones con los sindicatos; es decir, desconocerlos, y de paso, socavar la representación sindical de los trabajadores agrícolas.
Por otra parte, bajo gobiernos estatales republicanos, fuertemente influidos por los poderosos empresarios agrícolas, ha faltado financiación y apoyo al cumplimiento de las disposiciones de ALRA. Como consecuencia, las buenas intenciones originales de la ley se han quedado en buena parte como letra muerta sin ninguna fuerza efectiva. Y aunque los obreros del campo han votado a favor de su representación por el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) en 428 empresas agricultoras, en 26 años sólo en 185 de esas empresas se han firmado contratos colectivos.
El proyecto de ley SB 1736, presentado por el presidente del senado estatal, el demócrata de San Francisco John Burton, busca remediar esas carencias de ALRA, y para ello ordena la negociación colectiva y el arbitraje obligatorios entre los sindicatos de campesinos y las empresas agrícolas empleadoras. El proyecto de ley establece un sistema de arbitraje, y un proceso para hacer efectivos los acuerdos alcanzados. Sus proponentes pretenden aplicar a las relaciones laborales agrícolas el mismo sistema de negociación colectiva ya vigente para los trabajadores de los establos para caballos de carreras.
Como es natural, las organizaciones de empresarios agrícolas se oponen a la aprobación del SB 1736. Sus argumentos, sin embargo, sólo expresan parcialidad en favor de sus intereses económicos, no de las buenas relaciones laborales, basadas en la equidad contractual y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. El SB 1736 fue aprobado la semana pasada por el Comité de Relaciones Laborales de la Asamblea y enviado al comité de apropiaciones, de donde debe ir al pleno de esa corporación. Su aprobación es necesaria para asegurar el propósito original de ALRA, y sentar las bases para unas relaciones laborales agrícolas justas y estables. Eso beneficiará, claro, a los trabajadores del campo, pero también a la economía del estado, e incluso a las agrupaciones patronales que se oponen a la medida.