La Opinion
Denuncian medida contra campesinos
Dicen que nuevo proyecto de ley dificulta legalización de los trabajadores del campo que ya están en el país
Maribel Hasting,
Corresponsal de La Opinión
Jueves, 12 de julio de 2001
WASHINGTON, D.C.– El Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) y activistas de derechos civiles condenaron una propuesta republicana para traer trabajadores agrícolas que dificulta, si no impide, la posibilidad de que se legalicen eventualmente y que, según sus críticos, sólo pretende inundar al país con mano de obra extranjera barata y explotable.
Arturo Rodríguez, presidente del UFW, denunció la medida del senador republicano de Idaho, Larry Craig, como "un fraude que prohibirá que muchos trabajadores agrícolas legalicen su situación migratoria" que sirve únicamente "como frente para inundar el país con trabajares temporales extranjeros explotables".
El UFW, activistas de derechos civiles y el congresista demócrata de California, Howard Berman, autor de una medida que sí facilita la opción de eventual legalización, llevarán a cabo una conferencia telefónica hoy para denunciar la medida de Craig.
La crítica es que el proyecto parece contar con el apoyo de los agricultores que hasta fines del año pasado habían llegado a un acuerdo con el UFW para apoyar la ley que garantiza la opción de eventual legalización para los trabajadores agrícolas.
"Los agricultores, quizá bajo la errónea percepción de que un nuevo presidente les permitirá dejar de lado los intereses de los trabajadores agrícolas, parecen más interesados en promover la postura restriccionista del senador Phil Gramm que en avanzar en el Congreso una legislación que ayude a los trabajadores agrícolas", dijo, por su parte, el congresista Berman.
La propuesta republicana, del senador de Texas, Phil Gramm, no contempla la opción de legalización. La propuesta bipartidista, de Berman y del senador republicano de Oregon, Gordon Smith, sí la contiene.
El proyecto de Craig, por su parte, establece que para ser elegible para la legalización, los trabajadores realicen 150 días de labor agrícola al año o 600 días en un lapso de cuatro años.
Esto, según el UFW, impedirá que la mayor parte de los trabajadores indocumentados pueda legalizarse, tomando en cuenta que el trabajo agrícola es de cortas temporadas.
Asimismo, el proyecto de Craig establece que los trabajadores que quieran ajustar su situación migratoria pueden tomar otros trabajos no agrícolas una vez cumplan con el requisito de 150 días al año de trabajo en su área. Sin embargo, éste será muy difícil de cumplir para la mayoría de los trabajadores.
Para empeorar las cosas, el proyecto de Craig establece que los trabajadores no pueden permanecer por más de 60 días en el país sin laborar. Al no haber trabajo, tendrían que regresarse a su país.
Las diversas medidas sobre trabajadores agrícolas que penden ante el Congreso cobran especial importancia por ser uno de los componentes de un amplio acuerdo migratorio que negocian Estados Unidos y México.
La mayor parte de los componentes requieren de la aprobación del Congreso.
Grupos hispanos nacionales, congresistas demócratas y sindicatos como el UFW insisten que cualquier proyecto sobre trabajadores temporales debe incluir la eventual opción de legalización para los trabajadores indocumentados que ya están aquí y los que vengan.
El gobierno mexicano, al menos públicamente, insiste que no persigue la nacionalización o la residencia permanente de esos trabajadores de los sectores agrícola y de servicios que vendrían a Estados Unidos bajo el acuerdo migratorio. Pero en reuniones con representantes de las organizaciones hispanas ha expresado apoyo a los intereses de estos grupos.
No obstante, observadores de las pláticas consideran que la presión por la opción de legalización para todos los trabajadores, los que vengan y los que ya viven aquí, no es realista por factores políticos, económicos y prácticos.
Además, dicen que la solución no correspondería a la realidad del movimiento circular de los trabajadores mexicanos que van y vienen entre ambos países. Por lo tanto, lo más viable, señalan, es una solución intermedia, que legalice a millones de trabajadores que ya viven aquí y que reúnen ciertos requisitos y no necesariamente a todos los que vengan.
Nota de La Opinión
Licencias para indocumentados: avanza el proyecto de ley
Armando E. Botello,
Corresponsal de La Opinión
Jueves, 12 de julio de 2001
SACRAMENTO, California.– El proyecto de ley que concedería licencias de conducir a algunos indocumentados en vías de legalización continúa ganando apoyo y obteniendo valiosos votos en su camino por los comités del Senado estatal.
La más reciente victoria la obtuvo el martes por la noche al salir del importante Comité de Transporte del Senado con 10 votos a favor y uno solo en contra.
Aunque la aprobación era esperada por quienes la apoyan, dado la mayoría demócrata que domina el comité, lo sorprendente fue que dos de los 10 votos a favor fueron emitidos por senadores republicanos y que el único voto en contra fue presentado precisamente por el demócrata de Fresno Jim Costa.
"Cada vez tenemos más apoyo de los sectores laboral, agrícola y policiaco pues más que nada éste es un asunto de seguridad pública", declaro a La Opinión el asambleísta Gil Cedillo (demócrata de Los Angeles), autor del proyecto de ley.
El apoyo policiaco fue presentado por el jefe de la policía de Sacramento Arturo Venegas, quien unió su voz a la de varias personas que testificaron a favor del proyecto, como el líder laboral angelino Miguel Contreras, representantes del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), del Consejo Legislativo de Agentes de Pólizas de Seguro, del Consejo Nacional de la Raza y de varias organizaciones compuestas por agricultores.
Uno por uno, los representantes dieron a conocer ante el comité por qué el proyecto se ha convertido en un tema importantísimo no sólo para la comunidad indocumentada sino para California en general.
"Apoyamos este proyecto de ley porque tiene que ver con el deseo de un individuo de mantenerse a sí mismo y a su familia", declaró el representante de la Conferencia Católica de California.
Elizabeth Mirazo, representante del Comité Organizador del Valle de Sacramento, relató que estuvo involucrada en un accidente provocado por un conductor sin licencia y por lo tanto sin seguro automovilístico y se vio obligada a pagar ella sola todos los daños.
"Este proyecto de ley proporciona a ese grupo de personas la capacidad de adquirir seguro de automóvil. Todos los que lo tenemos, queremos que todos los demás cuenten con él", declaró John Norwood, representante de un grupo de agentes de seguro.
La oposición fue presentada por representantes de grupos opuestos a la inmigración tales como la Alianza de Electores y Contribuyentes de California, Californianos por la Estabilización de la Población y la Federación para una Reforma Inmigratoria en América (FAIR), cuyo representante declaró que el proyecto de ley "dificultaría la captura y deportación de ilegales".
Durante su alocución al comité, el asambleísta Cedillo recalcó la enorme importancia del aporte del trabajador indocumentado a la economía del estado y dijo que hasta la década pasada, cuando reinó un ambiente antiinmigrante en California, las reglas para obtener una licencia habían sido siempre las mismas porque el Departamento de Vehículos (DMV) sólo se preocupaba por mantener la seguridad vial, para lo cual ha sido creado.
En cuanto al argumento presentado por la oposición acerca de la posibilidad de fraude, Cedillo declaró a La Opinión que no existe ninguna evidencia que una persona indocumentada vaya a involucrarse en un robo de identidad.
"Esos son asuntos en los que se involucra la gente de clase media para cometer crímenes de alta tecnología y no son cometidos por quien está tratando de sobrevivir y participar en la sociedad", dijo Cedillo.
En los próximos días el Grupo de Legisladores Latinos sostendrá una reunión con el gobernador Davis para enfatizar el apoyo a la propuesta de Cedillo y discutir algunos posibles cambios en el texto de la propuesta de ley.
El Comité Fiscal del Senado será el próximo que discutirá el proyecto.
Ya que la Legislatura probablemente iniciará sus vacaciones veraniegas de un mes después de la próxima semana, es posible que el proyecto de ley no sea llevado a votación en el pleno del Senado hasta agosto o septiembre para luego regresar a la Asamblea para un voto final antes de ser entregado al gobernador.
Nota de La Opinión
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