La Opinion
Davis y la justicia en el campo
Lunes, 12 de agosto de 2002
La semana pasada el gobernador Gray Davis acudió en Sacramento a un evento de recaudación de fondos de campaña electoral organizado por agremiaciones de empresarios agrícolas. Al día siguiente el Senado estatal completó el proceso de aprobación de la SB 1736 que establece el arbitraje obligatorio para las negociaciones laborales de la industria agrícola. Los empresarios agrícolas se oponen fervientemente a esa legislación, a la que atribuyen toda clase de nefandas consecuencias. El gobernador recibirá probablemente hoy la SB 1736, que deberá promulgar o vetar en un lapso de 12 días. La legislación fue aprobada solamente con votos demócratas, y el candidato republicano a gobernador Bill Simon se opone a ella.
Davis debe aprobar esta ley, que busca eliminar graves injusticias en las relaciones laborales en el campo californiano, y dar contenido real a disposiciones legales vigentes desde 1975, pero que han sido sistemáticamente burladas por los empresarios agrícolas. Como antecedente, los proponentes de la ley tuvieron en cuenta una legislación semejante, que establece el arbitraje obligatorio en la industria de las carreras de caballos.
El gobernador Davis ha expresado "preocupación" acerca de la nueva ley, lo que según los expertos en la lectura del lenguaje oficial indica la solapada intención de vetarla. Eso sería un funesto error ético y administrativo. Frustraría las esperanzas de los campesinos explotados, y su posibilidad de obtener condiciones justas de trabajo, en negociaciones laborales en las que serían efectivamente representados por la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW), que no podría seguir siendo ignorada por los empresarios del campo. Y que contaría con el recurso del arbitraje obligatorio, en caso de no llegarse a un acuerdo.
Los opositores a la ley prefieren, por supuesto, el actual estado de cosas, que les permite hacer burla del proceso de negociación y de la representación sindical de los trabajadores agrícolas establecidos en 1975, cuando se expidió la más importante ley sobre las relaciones laborales agrícolas, y se creó la Junta de Relaciones Laborales Agrícolas (ALRB). Aunque esa legislación autorizó a los trabajadores a hacerse representar sindicalmente en la mesa de negociaciones, omitió los mecanismos coactivos correspondientes, por lo que en la práctica ha sido reiteradamente ignorada.
El gobernador Davis tiene ahora la oportunidad de corregir esa deficiencia de la ley, y hacer justicia a los trabajadores agrícolas de California. Eso indicaría independencia de los grupos de poderosos intereses económicos que contribuyen a su campaña. Por otra parte, vetar el proyecto SB 1736 denotaría insensibilidad para con los trabajadores agrícolas, y las opresivas e injustas condiciones labores que padecen.
Nota de La Opinión
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