Una profunda iniciativa de ley sobre inmigración que está tomando forma en el Senado de Estados Unidos contempla reformar el programa nacional de trabajadores agrícolas a fin de que los productores norteamericanos cuenten con un suministro estable de mano de obra, pues este sector empresarial depende más de los jornaleros que han llegado al país sin autorización legal que cualquier otro.
Los jornaleros que ya están en Estados Unidos tendrían una vía más rápida hacia la legalización de su residencia que otros inmigrantes que están en Estados Unidos sin permiso, según la iniciativa.
Adicionalmente, un probable nuevo programa de visas podría hacer más fácil que los trabajadores extranjeros puedan viajar a Estados Unidos. Los legisladores estadounidenses pretenden que estos trabajadores ocupen la mitad o más de los puestos que se estima que tienen trabajadores agrícolas que llegaron sin autorización legal al país.
Los negociadores han estado trabajando para ultimar a tiempo un acuerdo para que esta iniciativa se incluya en una propuesta bipartidista de legislación que se espera sea difundida la semana próxima, pero los desacuerdos sobre salarios y el número de visas están entorpeciendo los avances.
Grupos sindicales acusan a los productores de presionar para bajar los salarios de los trabajadores agrícolas, mientras que los productores lo niegan y sostienen que quieren pagar salarios justos.
Mientras tanto, los sindicatos se oponen a los intentos de los productores de aumentar el número potencial de nuevos trabajadores que puedan venir al país. Los productores sostienen que su sector depende de la oferta de trabajo nueva y fuerte.
"Todo se reduce a si vamos a importar a nuestros trabajadores o vamos a importar nuestros alimentos. Si no tenemos acceso a una fuente legal de trabajadores, vamos a tener que irnos a otros países", dijo Kristi Boswell, directora de relaciones con el Congreso de la American Farm Bureau Federation, un grupo que representa a los productores agrícolas.
El asunto ha atraído poca atención del público en un debate sobre migración enfocado en garantizar la seguridad de la frontera, crear un camino hacia la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes que viven sin autorización en el país y diseñar un nuevo programa de visas para trabajadores poco calificados ajenos al sector agrícola. Sin embargo, para estados que van desde California hasta Georgia y Florida, que tienen un pujante sector agrícola, el programa es una pieza clave del rompecabezas.
Al menos 50% y hasta 70 y 80% de los trabajadores agrícolas de la nación llegaron sin permiso legal, según estadísticas del sector y de las autoridades laborales. Los cultivadores afirman que necesitan una mejor manera para contratar legalmente mano de obra, en tanto que los defensores de los trabajadores consideran que éstos pueden ser explotados y necesitan mejores protecciones y algún mecanismo para que obtengan la residencia permanente.
"Un aspecto que sabemos es que ningún sector económico se beneficiará más del nuevo programa sobre inmigración que la agricultura", dijo Giev Kashkooli, vicepresidente del sindicato United Farm Workers. "El problema es que el sector (agrícola) necesita personas que tengan disposición y capacidad para hacer el trabajo. Y es un trabajo difícil".
La razón por la cual la agricultura utiliza mucha mano de obra ilegal tiene que ver con que necesita trabajadores, pero también con inadecuados programas de inmigración en la actualidad. Hay un programa de visas por 10 meses para trabajadores agrícolas, llamado visa H2A, pero los dueños de los cultivos argumentan que es muy difícil utilizarlo porque para cuando los empleadores completan los trámites ya ha pasado el tiempo para recoger la cosecha.
En 2011 se emitieron 55.000 visas H2A que representan un pequeño porcentaje de los aproximadamente dos millones de trabajadores agrícolas en el país.
Parte de la solución, según cultivadores y sindicatos, sería crear una fuerza de trabajo agrícola más permanente. Los senadores podrían lograr ese objetivo si concretan una nueva visa, la "blue card" o "tarjeta azul", que concedería estatus legal a los trabajadores agrícolas que hayan laborado en el sector al menos dos años y tengan la intención de permanecer en éste al menos cinco años más.