Yakima, WA – Hoy, la Unión de Campesinos (UFW, por sus siglas en inglés) y varios trabajadores actuales y anteriores presentaron una demanda contra el productor de hongos Windmill Farms, con sede en Sunnyside y propiedad canadiense (anteriormente operado como Ostrom Mushroom Farm), por violar los derechos laborales de los trabajadores en una campaña antisindical de represalias, despidos ilegales, intimidación y acoso. Representados por la organización sin fines de lucro Columbia Legal Services (CLS) y Martinez Aguilasocho Law, Inc., los trabajadores dicen que Windmill Farms incurrió en interferencia, discriminación y represalias contra aquellos que plantearon preocupaciones a la gerencia o mostraron su apoyo a la sindicalización.
“Para los trabajadores, este es solo el siguiente paso en una larga campaña”, dijo la presidenta de la UFW, Teresa Romero. “Los trabajadores que plantan, cosechan y empacan los hongos en Windmill Farms quieren lo mismo que todos queremos: trabajar con seguridad y dignidad a la vez que mantienen a sus familias. Una y otra vez estos trabajadores se han organizado y han luchado por un sindicato. Y una y otra vez, han sido ignorados, se han tomado represalias contra ellos o se les ha despedido por hacerlo. Hoy, esta demanda deja claro que los trabajadores ya no tolerarán esto. A Windmill le decimos: Ya basta, ya es hora de reconocer el deseo de los trabajadores de unirse al sindicato.”
Los trabajadores de la planta de hongos han estado luchando por un sindicato desde el verano de 2022 a raíz de los despidos generalizados, las condiciones de trabajo peligrosas, la discriminación de género y otros maltratos. El año pasado, el Fiscal General del Estado de Washington demandó a Ostrom Mushroom Farm (entonces propietarios) por discriminación basada en el sexo y el estatus migratorio después de despedir al 85% de las trabajadoras y al 79% de los trabajadores domésticos y sustituirlos por trabajadores masculinos con visas de trabajo temporales H-2A. Fue en medio de esa demanda (resuelta en mayo de 2023 por 3.4 millones de dólares) que Ostrom Mushroom Farm vendió su propia empresa a Windmill Farms, con sede en Canadá.
“Me tratan mal, me gritan mucho, mucha presión, mucho acoso, te espían para ver cómo trabajas, muchos gritos todo el día”, dijo la demandante Maria Cesilia Lua Guizar. “Es horrible trabajar así. Si formáramos un sindicato, sería un cambio muy bueno para todos los trabajadores en términos de trato y los beneficios serían mucho mejores.”
Desde que se hizo cargo de la empresa en febrero de 2023, Windmill ha contratado a muchos de los mismos gerentes que trabajaban para Ostrom. Siguen tratando mal a los trabajadores, interfieren con las actividades de organización y se niegan a reconocer al sindicato. El demandante Román Castillo Ávila describió su experiencia: “Trabajamos en lugares donde no respetan nuestros derechos. Acudimos a Recursos Humanos, pero en lugar de ayudar, ayudan al empleador, y nos siguen aprovechando. Necesitamos un sindicato en nuestro lugar de trabajo que nos ayude a poner fin a esos abusos.”
En una ocasión, se convocó a los trabajadores a una reunión de mediodía en febrero de 2023 y se les comunicó que la empresa (Ostrom) había sido vendida (a Windmill) y que todos los empleados habían sido despedidos. Al mismo tiempo, se entregó a cada empleado un sobre con una oferta de trabajo de Windmill y se les dijo que debían firmarla inmediatamente para seguir trabajando. Las nuevas ofertas estaban supeditadas a que los trabajadores firmaran un acuerdo de arbitraje obligatorio y aceptaran cualquier puesto que se les ofreciera, independientemente de las reducciones salariales o los cambios a puestos para los que no tenían formación ni experiencia. Al demandante José Martínez-Cuevas, un destacado simpatizante del sindicato que había trabajado en Ostrom como conserje, le ofrecieron volver a contratarlo como recolector de hongos. Dos meses después, Martínez-Cuevas fue despedido, supuestamente por no cumplir con los requisitos de producción. El despido de Martínez-Cuevas tuvo lugar menos de dos días después de que participara en una manifestación a favor del sindicato.
Los tres demandantes que aún no han sido despedidos se han enfrentado a acoso, interferencia y comportamiento vengativo. Se les ha negado tiempo por enfermedad y PTO, los han trasladado a diferentes equipos de trabajo para que no puedan estar cerca de otros partidarios del sindicato, y los han reprendido por cosas fuera de su control, como usar las etiquetas equivocadas (las que les dieron) en el empaque.
“Los trabajadores que han presentado este caso son increíblemente valientes. Ya se han enfrentado a mucha resistencia y pérdidas y siguen defendiendo lo que saben que es correcto para que todos los trabajadores estén protegidos”, dijo Blanca Rodríguez, Directora de Defensa de la Equidad de los Inmigrantes de CLS, y una de las abogadas de los demandantes.
La demanda afirma que Windmill violó múltiples leyes laborales y de empleo, entre ellas la Ley Little Norris-LaGuardia, que establece que todos los trabajadores “deberán de gozar de libertad de interferencia, restricción o coerción… en la autoorganización o en otras actividades concertadas con fines de negociación colectiva u otras ayudas o protecciones mutuas”, y solicita una indemnización por daños y perjuicios para los demandantes y una reparación inmediata y permanente contra las represalias por parte de la empresa o de cualquiera de sus funcionarios. En la demanda también se alegan infracciones de la ley de contratistas de trabajo agrícola (Farm Labor Contractor’s Act) -una ley estatal que obliga a quienes actúan como contratistas de trabajo agrícola a revelar cierta información a los trabajadores- contra Windmill Farms e Instar Asset Management, Inc, la empresa canadiense de capital privado propietaria de los terrenos explotados por Windmill.
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Columbia Legal Services aboga por leyes que promuevan la igualdad social, económica y racial para las personas que viven en la pobreza. Trabajamos juntos para crear una visión de un Estado de Washington en cual todas las personas disfrutan plenamente de sus derechos humanos y de oportunidades económicas. www.columbialegal.org
Martínez Aguilasocho Law, Inc. («MAL») es una firma de abogados privada de interés público con sede en el Valle Central de California y dedicada a la misión de mejorar las vidas de los campesinos y sus familias en todo el país, con abogados autorizados en California y Washington.