WASHINGTON, DC—Una coalición de organizaciones de derechos laborales, civiles y de inmigrantes envió una carta a la vicepresidenta Kamala Harris y a los secretarios de los Departamentos de Estado, Trabajo y Seguridad Nacional de EE. UU. solicitando una auditoría e investigación exhaustivas sobre la ejecución del programa para trabajadores agrícolas, H-2A. La emergencia se da después del descubrimiento y las denuncias de la trata de personas, la esclavitud y el lavado de dinero por parte de los agricultores y contratistas de mano de obra agrícola en Georgia del Sur. La carta destaca las reformas necesarias, incluidas, una mayor supervisión, transparencia y rendición de cuentas y cumplimiento. La carta va dirigida directamente a la vicepresidente Harris, al secretario de Estado Blinken, al secretario de Trabajo Walsh y al secretario de Seguridad Nacional Mayorkas.
La carta cita los hallazgos de la “Operación Blooming Onion”, en la que el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Georgia acusó a dos docenas de personas con múltiples cargos, entre ellos a obligar a trabajadores H-2A de México y América Central a trabajar en condiciones brutales e inhumanas, amenazando trabajadores con violencia armada y agresión sexual. Dos personas murieron como resultado de estos abusos.
La carta, firmada por los líderes de nueve organizaciones, incluidas la Fundación UFW y la Unión de Campesinos, instó a la administración a tomar medidas para “implementar políticas para prevenir los abusos expuestos en la Operación Blooming Onion”. La carta recomendaba que la administración “garantizara que los empleadores agrícolas no puedan beneficiarse del trabajo de los trabajadores objeto de trata; establecer estructuras y protecciones para que los trabajadores puedan hacer valer sus derechos en el lugar de trabajo; prever protecciones de contratación significativas que prohíban los abusos en la contratación, aumenten la transparencia de la contratación y prevean mayor seguridad para el campesino”.
Juan Ángel, un ex trabajador agrícola H-2A de Georgia, dijo:
He trabajado para varias empresas en varios estados. Ha empeorado progresivamente cada temporada. Diría, según mi experiencia, que el 80 por ciento de los contratistas laborales están haciendo cosas ilegalmente. Incluso cuando nos tratan bien, encuentran formas de engañarnos con el poco dinero que ganamos. Por ejemplo, uno de nuestros contratistas al final de la temporada nos reunió después de que el Departamento de Trabajo de Indiana lo demandó por no pagar a las personas adecuadamente. Fue multado y tuvo que devolver dinero a los trabajadores de Indiana. Después de eso, tuvo una reunión con todos los trabajadores que tenía aquí en Georgia, nos pagó con un cheque por el trabajo que hicimos y nos dijo que, si cobrábamos el cheque y nos quedábamos con el dinero, ya no tendríamos trabajo. Pero, si cobrábamos el cheque y le devolvíamos el dinero, nos volvería a contratar. Todos le devolvimos el dinero. Cada vez que pasaba algo así, me enojaba porque no podía hacer nada, no por mi cuenta. Todos tienen miedo, así que sabía que nadie me respaldaría. Cuando me defendí y les dije que tenía derechos, me despidió. Ahora estoy trabajando en este país como trabajador agrícola indocumentado. No quería esto, quiero volver y ver a mi familia, pero no me quedó otra opción.
La directora ejecutiva de la Fundación UFW, Diana Tellefson Torres, dijo:
Este caso es aterrador. Cada año, el programa H-2A crece, creando espacio para más abusos y violaciones de los derechos humanos. La Fundación UFW ha estado trabajando con campesinos en Georgia, donde está claro que los abusos son prevalentes. Pero, estas violaciones ciertamente están ocurriendo en otros lugares, por lo que hacemos un llamado a la Administración Biden para que realice una investigación exhaustiva sobre el programa H-2A. La administración tiene la responsabilidad de buscar justicia para todas las víctimas de estos horribles crímenes y garantizar que nunca vuelvan a suceder.
La presidenta de la Unión de Campesinos, Teresa Romero, dijo:
Lo que estamos viendo con el programa H-2A en Georgia, y probablemente en otras partes de Estados Unidos, equivale a una esclavitud moderna. Este es un ejemplo terrible, pero no es aislado. Esta historia es un síntoma de un programa que necesita una intervención urgente. Debemos actuar con la urgencia que corresponda a la gravedad de las fallas de este programa.
La directora ejecutiva de Polaris, Catherine Chen, dijo:
La “Operación Blooming Onion” es solo la punta del iceberg de los abusos en el sistema H-2A. Para acabar con el trabajo forzoso en la agricultura estadounidense, debemos cambiar el programa de trabajadores agrícolas temporales, H-2A. Nuestras leyes no permiten que un trabajador invitado deje su trabajo sin perder su estatus migratorio legal. Esto evita que los trabajadores dejen empleadores abusadores y permitiendo el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el robo de salarios. Instamos a la Administración y al Congreso de Biden a trabajar juntos para corregir la falla fundamental en el programa de visas H-2A. Es inaceptable que los trabajadores traídos legalmente a Estados Unidos para cultivar nuestros alimentos sean objeto de trata y explotación de personas.
Lista completa de firmantes a continuación.
Teresa Romero, Presidenta, United Farm Workers (UFW)
Diana Tellefson Torres, Directora Ejecutiva, Fundación UFW
Natalie Camacho, Directora Ejecutiva Interina, Farmworker Justice
Baldemar Velasquez, Presidente y Fundador, The Farm Labor Organizing Committee (FLOC)
Reyna Lopez, Directora Ejecutiva, Piñeros Y Campesinos Unidos del Noroeste (PCUN)
Elizabeth H. Shuler, Presidenta, Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO)
Paul O’Brien, Director Ejecutivo, Amnistía Internacional EE. UU.
Thomas Saenz, Presidente y Consejero General, Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF)
Catherine Chen, Directora Ejecutiva, Polaris
Margaret Huang, Presidenta y Directora Ejecutiva, Southern Poverty Law Center
Janet Murguia, Presidenta y Directora Ejecutiva, UnidosUS
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