Con su fallo del lunes, el juez Clark Waddoups accedió así al pedido del fiscal general de Utah, Mark Shurtleff, quien había solicitado el aplazamiento de la audiencia, ahora para el próximo 17 de febrero, como respuesta a la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de demandar a Utah por la ley HB497.

Esa demanda ahora se une a la que otros dos grupos, la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU) y el Centro Nacional de Leyes Inmigratorias (NILC) ya habían presentado en nombre de la Coalición de la Raza de Utah y de una serie de demandantes individuales.

La demanda de la ACLU sostiene que la ley HB497 podría restringir ciertos derechos, como el de viajar con libertad y el de no ser objeto de requisas policiales sin motivos.

La semana pasada, el Gobierno federal presentó su demanda argumentando que la legislatura de Utah se excedió en su autoridad ya que solamente le compete al Congreso y no a las legislaturas estatales establecer políticas migratorias. Por lo tanto, la ley HB497 sería inconstitucional.

En previas declaraciones a los medios locales, Shurtleff afirmó que durante seis meses su oficina había mantenido negociaciones con representantes del Departamento de Justicia federal para asegurarse de que la ley HB497 fuera constitucional.

Y dijo que la justicia eventualmente desestimará tanto la demanda federal como la presentada por ACLU y otros grupos.

Por su parte, el juez Waddoups estableció un calendario de procedimientos de acuerdo con lo sugerido por el Gobierno federal.

La ley HB497 no podrá entrar en vigor mientras las demandas no se resuelvan. La ley, patrocinada por el representante estatal Stephen Sandstrom, republicano de Orem, requiere que se compruebe el estatus migratorio de los arrestados por ciertos delitos y le da atributos federales a las fuerzas del orden locales.

El fiscal general de Utah, Mark Shurtleff, pidió el aplazamiento de la audiencia judicial.