FRESNO—Hoy, en una victoria para los derechos civiles en medio de la campaña de deportaciones masivas de la administración Trump, un tribunal federal de distrito de California ha dictado una medida cautelar que prohíbe a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos utilizar prácticas de detención y arresto que violan la ley federal y la Constitución de Estados Unidos.
La sentencia de la jueza federal Jennifer Thurston en el caso United Farm Workers v. Noem se aplica a las futuras operaciones de la Patrulla Fronteriza llevadas a cabo en el Distrito Este de California, que se extiende hacia el interior desde Bakersfield hasta la frontera con Oregón.
En su sentencia de 88 páginas, la jueza Thurston señaló: «las prácticas empleadas por los agentes de la Patrulla Fronteriza durante la «Operación Devolución al Remitente», incluidas las detenciones con patrullas a pie y las detenciones de vehículos sin sospecha razonable, los planes de la Patrulla Fronteriza de llevar a cabo operaciones adicionales similares en este distrito y la aparente posición del Gobierno de que los agentes de la Patrulla Fronteriza no están actualmente capacitados sobre sus obligaciones en virtud de la Cuarta Enmienda» demostraron un daño inminente e irreparable a las personas afectadas por las acciones de la Patrulla Fronteriza.
La orden judicial preliminar prohíbe a los agentes de la Patrulla Fronteriza:
– detener a personas sin sospecha razonable de que sean extranjeros y se encuentren en los Estados Unidos en violación de la ley federal de inmigración; y
– arrestar a personas sin una orden judicial si los agentes no tienen motivos fundados para creer que la persona es susceptible de huir.
Además, el tribunal dictaminó que la Patrulla Fronteriza debe documentar todos los hechos y circunstancias relacionados con las detenciones y los arrestos sin orden judicial en el Distrito Este y emitir directrices para garantizar que sus agentes cumplan con la Cuarta Enmienda y la ley federal.
«La orden de hoy reafirma la dignidad y los derechos constitucionales de todas las personas», dijo Bree Bernwanger, abogada principal de la Fundación ACLU del Norte de California. «La Patrulla Fronteriza debe poner fin de inmediato a sus prácticas ilegales de detención y arresto».
En enero, agentes de la Patrulla Fronteriza del sector de El Centro se desplazaron al condado de Kern, donde detuvieron y arrestaron a varias personas, las trasladaron 300 millas al sur, a El Centro, les negaron el debido proceso y las coaccionaron para que se marcharan voluntariamente. Como resultado de la «Operación Devolución al Remitente», al menos 40 residentes de larga duración del condado de Kern siguen abandonados en México, separados de sus familias y de su comunidad.
«Esta orden defiende legítimamente la ley. La Patrulla Fronteriza no puede entrar en las comunidades y secuestrar a personas trabajadoras sin el debido proceso, solo por ser morenos y pertenecer a la clase trabajadora», dijo Teresa Romero, presidenta de United Farm Workers. «Seguiremos luchando juntos por los derechos civiles de todos los trabajadores agrícolas y todas las comunidades de inmigrantes. Esta agencia y esta administración no seguirán aterrorizando a los miembros de nuestro sindicato, a nuestros compañeros de trabajo o a nuestros vecinos sin control. No mientras nosotros estemos aquí».
La orden también certifica provisionalmente el caso como una demanda colectiva al certificar dos clases propuestas, la Clase de Detenciones sin Sospecha y la Clase de Arrestos sin Orden Judicial. Todas las personas del Distrito Este de California que cumplan con las definiciones de la clase serán miembros de la clase protegidos por las órdenes emitidas en esta demanda.
«Todos los residentes del Distrito Este de California tienen derecho a vivir sus vidas sin temor a que los agentes federales los agredan y arresten indiscriminadamente por el color de su piel o su ocupación percibida», dijo Franco Muzzio, socio de Keker, Van Nest & Peters. «La decisión de hoy del Tribunal deja claro que las prácticas ilegales de la Patrulla Fronteriza no pueden continuar».
La Unión de Campesinos (United Farm Workers) y cinco residentes del condado de Kern demandaron en febrero al Departamento de Seguridad Nacional, a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y a la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. Los demandantes están representados por las fundaciones ACLU del norte de California, del sur de California y de los condados de San Diego e Imperial, y por Keker, Van Nest & Peters LLP.
Lea la orden:
https://www.aclunc.org/sites/default/files/UFW%20v%20Noem%20PI%20CLASS%20CERT%20RULING_04.29.pdf