Inmigración

Tras seis años de espera desde la última vez que se presentó un proyecto de ley de reforma migratoria, esta semana se anunció finalmente un proyecto bipartidista del Grupo de los Ocho en el Senado que da luz verde al proceso legislativo que podría culminar en la aprobación de la primera reforma migratoria amplia en 27 años.

En 2007 se llevó a cabo el último intento que no progresó y que dio paso a una de las atmósferas más cargadas y envenenadas en contra de la comunidad inmigrante con la proliferación de leyes estatales que han sembrado pánico en la comunidad, y la intensificación de las leyes federales de deportación que han dividido a millones de familias.

Pero la presentación de un proyecto bipartidista de reforma migratoria renueva las esperanzas de que 2013 por fin se convierta en el año de la reforma, en el año en que sí se pudo.

Se trata de un proyecto de ley que aunque imperfecto, es histórico y bastante generoso.

Su corazón es una vía a la ciudadanía para la mayoría de los 11 millones de indocumentados, una ruta más directa a la residencia y eventual ciudadanía a los Soñadores o DREAMers, a quienes por más de 10 años han estado amparados por estatus legales de protección como el TPS o el DED, y a los trabajadores agrícolas.

Lo que se avecina no será fácil porque el proyecto del Senado no será de la satisfacción de todos, sobre todo de los extremos, de quienes no quieren que se impongan ningún tipo de condiciones, y de quienes sólo promueven deportaciones en masa. Es producto de acuerdos, y como tal, no todas las partes estarán satisfechas.

Se trata, empero, de una propuesta bastante realista aunque algunos de sus componentes son preocupantes, incluyendo que deberán pasar 13 años para que la mayoría de los indocumentados puedan solicitar la ciudadanía, que algunos de los requisitos podrían ser problemáticos, y que esa vía parece estar condicionada a algunas exigencias de seguridad fronteriza que aunque en el papel puede parecer que no entorpecerán el proceso, en la práctica podrían prestarse a eso. Los límites y la eliminación de ciertas categorías de visas para familiares también son preocupantes.

Pero hay razones para celebrar: los Soñadores y los trabajadores agrícolas, por ejemplo, accesarán la residencia permanente y la ciudadanía de manera más acelerada, y algunos inmigrantes que están en proceso de deportación o que han sido deportados por causas no criminales podrán solicitar su estatus de Inmigrante Provisional Registrado (RPI) si son elegibles para el DREAM Act, o son padres, cónyuges o hijos de ciudadanos estadounidenses o de residentes permanentes, y si llenan determinados requisitos, incluyendo la revisión de su historial.

Hay también razones para celebrar porque finalmente, como lo han solicitado los estadounidenses en general y los votantes latinos en particular, arranca el proceso para buscar una solución amplia y realista al caos migratorio que ha prevalecido en el país por las pasadas décadas creando un balance entre agilizar el proceso para quienes llevan años aguardando por sus tarjetas verdes a través de familiares y empleos, y sacar de las sombras a 11 millones de almas, muchos con décadas de vivir en este país y con hijos estadounidenses. Indocumentados que como evidenció un nuevo sondeo de Latino Decisions, ya forman parte de la fibra del país y aspiran a esa vía a la ciudadanía que ofrece la medida.

Con la presentación de este proyecto de ley se da el pistoletazo de salida a un proceso que promete ser un campo minado, una montaña rusa, con alzas y bajas, pero que de sobrevivir ambas cámaras del Congreso y llegar al escritorio del presidente Obama para su promulgación, haría historia. Una victoria legislativa compartida que supondrá beneficios económicos para el país, beneficios políticos para ambos partidos, pero más importante aún, beneficios para los millones de inmigrantes que finalmente saldrán de las sombras.