WASHINGTON — Republicanos y demócratas coincidieron el martes en la necesidad de conceder estatus legal a los inmigrantes sin papeles que se dedican a labores agrícolas, como parte de una reforma migratoria integral.

El presidente del comité judicial de la cámara baja, el republicano Bob Goodlatte, expresó durante una audiencia sobre las necesidades migratorias del sector agrícola su apoyo a reemplazar el programa de visa actual (H-2A) con políticas nuevas que “saquen de las sombras a los trabajadores agrícolas ilegales” como el paso inicial de una reforma migratoria integral.

“Debemos permitir a la gran población de trabajadores agrícolas ilegales participar legalmente en la agricultura estadounidense”, dijo. “Podemos hacerlo diseñando un programa con protecciones prácticas y expandiendo el universo actual de empleos para incluir el sector lechero y empleos en plantas procesadoras de alimentos, entre otras”.

Goodlatte no especificó si su propuesta para legalizar a los inmigrantes indocumentados en el sector agrícola incluye darles la opción a la naturalización, un punto clave para la Unión de Campesinos (UFW por sus siglas en inglés).

Se estima que hasta un 80% de las 2 millones de trabajadores en el sector agrícola estadounidense son inmigrantes sin papeles.

Giev Kashkooli, director de asuntos legislativos de la Unión de Campesinos, dijo a AP que esa organización negocia actualmente con la Asociación de Productores Agrícolas la propuesta para un nuevo régimen laboral agrícola, con la mediación del senador republicano Marco Rubio y la demócrata Dianne Feinstein.

“Los senadores están realmente comprometidos a presentar un proyecto de ley en las próximas dos semanas, y creemos que es fantástico”, dijo.

Kashkooli indicó que además de la opción a la naturalización, la negociación gira sobre las protecciones laborales que se le concederían a los trabajadores.

El dirigente sindical dijo que parece haber acuerdo para que los trabajadores puedan cambiar de trabajo a voluntad, algo que es complicado con el programa H-2A, ya que el nuevo patrono necesita presentar una solicitud para cada trabajador que desea contratar.

El H-2A obliga a los patronos a pagar una escala de salarios, y brindar vivienda, transporte y garantía de pago.

“Nosotros queremos conservar el H-2A y crear un programa nuevo, que incluya protecciones equivalentes porque los trabajadores agrícolas no están amparados por las leyes laborales nacionales”, agregó.

Chalmers Carr, presidente de la asociación de productores USA FARMERS, dijo que el programa H-2A es tan ineficiente que apenas brinda el 4% de la mano de obra necesaria, y sugirió reemplazarlo por un programa que extienda la definición a todos los sectores de la actividad agrícola y que incluya una visa de hasta 12 meses renovable si el trabajador regresa periódicamente a su país de origen.