Tres congresistas demócratas publicaron un artículo en el que le piden al Presidente Barack Obama que tome acciones ejecutivas migratorias para darle beneficios a millones de indocumentados.

Los representantes Nancy Pelosi (California, líder de la minoría en la Cámara de Representantes), Luis Gutiérrez (Illinois) y Zoe Lofgren (California), indican en la nota que el mandatario posee la autoridad para tomar decisiones ejecutivas tan como lo han hecho sus antecesores, entre ellos George W. Bush y Ronald Reagan, ambos republicanos.

Los tres legisladores dijeron que si bien “no sabemos la fecha o las medidas que tomará el Presidente Obama (…) confiamos en que serán efectuadas” en corto tiempo.

En junio Obama anunció que, debido a la negativa de los republicanos de la Cámara de Representantes de aprobar la reforma migratoria, había girado instrucciones a los secretarios de Justicia y Seguridad Nacional para que elaboraran una lista de medidas legales que anunciaría a finales del verano.

El 6 de septiembre la Casa Blanca anunció que las medidas fueron pospuestas hasta después de las elecciones del 4 de noviembre y antes de que finalice el 2014. La decisión causó fuertes críticas de grupos y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

Pelosi, Gutiérrez y Lofgren dijeron que “además de tomar las medidas necesarias para que la ley se suministre de forma más humanitaria, el Presidente Obama podría adoptar docenas de reformas”, entre ellas una ampliación de la Acción Diferida de los dreamers, freno a las deportaciones y suspensión de la denominada Ley del castigo.

El artículo fue publicado en  la página digital de UnivisionNoticias.com faltando cinco días para los comicios de medio tiempo de este martes, cuando los estadounidenses acudan a las urnas para renovar la Cámara de Representantes (en manos de los republicanos) y un tercio del Senado (controlado por los demócratas pero fuertemente presionados los republicanos que amenazan con arrebatarles el poder, lo que dejaría a Obama solo).

La siguiente es la nota que los tres congresistas escribieron para urgir al presidente Obama que tome acciones ejecutivas migratorias.

Por Nancy Pelosi, Luis Gutiérrez y Zoe Lofgren

Hace más de un año, el Senado estadounidense aprobó una reforma migratoria bipartidista que fortalece nuestra economía. Ese proyecto de ley sería la ley actual si los líderes republicanos en la Cámara de Representantes no se hubieran rehusado a permitir un voto en el pleno. A causa de esto, el Presidente Obama se ha comprometido a ejercer su autoridad actual para emprender una reforma ejecutiva. No sabemos la fecha o las medidas que tomará el Presidente Obama, pero confiamos en que serán efectuadas.

Algunos republicanos reclaman que el Presidente Obama no posee la autoridad para tomar medidas ejecutivas, pero se equivocan. De hecho, así como sus antecesores, el Presidente Obama cuenta con la autoridad amplia para forjar un sistema migratorio que refleje nuestros valores comunes y que responda mejor a las necesidades del país. Por cierto, cada administración desde la presidencia de Dwight D. Eisenhower se ha acaparado de la autoridad ejecutiva para lograr precisamente este fin.

Además de tomar las medidas necesarias para que la ley se suministre de forma más humanitaria, el Presidente Obama podría adoptar docenas de reformas. Dos medidas que tendrían un gran impacto serían ampliar el uso de la autoridad de acción diferida y de la libertad bajo palabra.

Los presidentes estadunidenses poseen autoridades extensas que, por motivo de intereses nacionales, pueden ejercer para diferir deportaciones, las cuales varios presidentes anteriores han ejercido con frecuencia. Después de que se implementara la ley conocida como el “Immigration Reform and Control Act” en el año 1986, los presidentes republicanos Ronald Reagan y George H.W. Bush tomaron medidas audaces para proteger a los cónyuges e hijos de personas que recibieron estado legal bajo esa ley. Aunque el Congreso explícitamente decidió no otorgarles estado legal a casi 1.5 millones de personas, los presidentes Reagan y Bush reconocieron que separar a las familias no era lo mejor para los intereses del país.  Ambos presidentes ejercieron su autoridad ejecutiva para establecer un programa conocido como “Family Fairness”, el cual ofreció a cónyuges e hijos permisos laborales y protección contra la deportación.

Varios presidentes han invocado esta autoridad repetidamente cuando el Congreso ha decidido no legislar. Desde hace más de 50 años, tales presidentes han otorgado lo que se conoce como “salida voluntaria extendida” a ciertas personas provenientes de Cuba, Vietnam, Laos, Camboya, Chile, Polonia, Afganistán, Etiopía y Uganda. El Presidente George H.W. Bush le otorgó lo que se conoce como “salida obligatoria diferida” a personas de China después de la masacre en la Plaza de Tiananmen – esto a pesar de antes haber vetado legislación similar aprobada por el Congreso estadounidense. Varios años después, les otorgó estado legal a 200,000 salvadoreños.

De la misma manera, el Presidente Obama podría diferir la acción contra aquellas personas incluidas en la reforma migratoria integral aprobada por el Senado, la cual los republicanos en la Cámara de Representantes obstruyeron. Al igual que los presidentes Reagan y Bush, el Presidente Obama podría recurrir a su autoridad ejecutiva para evitar la separación de familias. En estos casos, podría utilizarla para beneficio de las personas indocumentadas que son familiares cercanos de ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales o beneficiarios de DACA. Del mismo modo, él podría reconocer que es importante para la agricultura que los trabajadores que laboran en nuestros campos trabajen sin el miedo de ser deportados.

Otra autoridad amplia que posee el Presidente Obama bajo la ley actual es conceder a ciertas personas que han ingresado al país la libertad condicional “a base de casos individuales y por razones de urgencia humanitaria o de beneficio público significativo.”

Repetimos, esta autoridad tiene precedentes. Los presidentes Gerald Ford y Jimmy Carter les otorgaron libertad condicional a cientos de miles de Vietnamitas. Los Presidentes George H.W. Bush y George W. Bush utilizaron la libertad condicional para familias que no cumplieron los requisitos, o fueron rechazados, para adquirir estatus como refugiados. El Presidente George W. Bush también estableció un programa para otorgarles el derecho de libertad condicional a aquellos cubanos que se vieron obligados a esperar su número de visa en el exterior.

Recientemente, el Presidente Obama anunció su plan para poner en marcha un programa similar para ciertas personas de Haití.

Del mismo modo, el Presidente Obama podría otorgar la libertad condicional a los cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses y residentes legales que enfrentan una larga separación mientras esperan por una visa. Esta medida no permitiría que los familiares se adelanten en la línea de espera, pero sí permitiría que esperen junto a sus familias hasta que un número de visa se haga disponible.

El año pasado, la Administración del Presidente Obama formalizó una iniciativa para permitir que los cónyuges, hijos y padres de veteranos y personas en el ejército que actualmente residen en los Estados Unidos puedan permanecer en el país. Por medio de este programa, los miembros de familias militares que entraron al país sin ser inspeccionados podrían obtener la residencia permanente legal sin tener que salir del país por diez años. Esta acción corrige una grave injusticia en la ley migratoria que afecta mayormente a las personas procedentes de los países de América Latina.

El Presidente Obama puede ampliar su iniciativa de libertad condicional para las familias militares de tal manera que incluya a las numerosas familias de estado migratorio mixto.  Del mismo modo, el presidente podría utilizar esta autoridad para también beneficiar a aquellos inmigrantes con grandes talentos para generar empleos, aquí mismo, en nuestro país, o que son parte de importantes proyectos de investigación, de esfuerzos innovadores o de trabajos profesionales que fortalecen a nuestra economía. Estas iniciativas conllevan importantes beneficios públicos para nuestro país.

Aquellos que se oponen a la reforma migratoria quisieran pretender que las acciones administrativas equivalen a “volver a redactar las leyes migratorias.” Todos sabemos que ningún presidente puede reescribir las leyes. Pero también es importante recordar que el Congreso y la Constitución le otorgan al presidente la autoridad amplia para tomar acción ejecutiva con respecto a los asuntos migratorios. Los presidentes anteriores han recurrido a esta autoridad generosamente. El hecho de que el Presidente Obama se ha comprometido a hacer lo mismo no es motivo de consternación, sino consecuencia de la autoridad bien establecida bajo la ley vigente.

Aunque en última instancia el trabajo de reformar nuestras leyes migratorias le corresponde al Congreso, tenemos esperanzas de que el Presidente Obama tome medidas audaces y profundas para mejorar las vidas de los estadounidenses y los inmigrantes por igual y para así promover los intereses de nuestra nación.

(Versión en ingles)

By Nancy Pelosi, Luis V. Gutiérrez & Zoe Lofgren

Last year, the Senate passed a bipartisan measure to repair our broken immigration system and strengthen our economy. That bill would be law today, but Republican leaders in the House refused to allow a vote. Consequently, President Obama promised to use his authority under existing law to achieve reform. We do not know exactly what the President will do or when he will announce it, but we are confident he will act.

Some Republicans claim the President has no authority to act, but they are wrong.  The fact is, just as presidents before him, President Obama has broad authority to make our immigration system better meet the needs of our country and reflect our shared values. And every Administration since President Dwight D. Eisenhower has used executive authority to do just that.

In addition to taking steps to make our immigration enforcement efforts more humane, there are dozens of reforms that the President can adopt. Two that could have the greatest impact involve the expanded use of his deferred action and “parole” authorities.

Presidents have broad authority to defer removal when it is in the national interest, and past presidents have regularly used this authority. In the years immediately following the enactment of the 1986 Immigration Reform and Control Act, Presidents Ronald Reagan and George H.W. Bush took bold action to protect the spouses and children of people who received status under that law. Although Congress explicitly chose not to grant status to these people – an estimated 1.5 million people – Presidents Reagan and Bush recognized that it was not in the national interest to separate families. Using their authority to establish a “Family Fairness” program, they offered spouses and children indefinite protection from deportation and work authorization.

Presidents have used this authority repeatedly in the face of congressional inaction. Dating back more than 50 years, presidents have granted Extended Voluntary Departure to nationals of more than a dozen countries, including Cuba, Vietnam, Laos, Cambodia, Chile, Poland, Afghanistan, Ethiopia and Uganda. President George H.W. Bush granted Deferred Enforced Departure to Chinese nationals after the Tiananmen Square massacre even though he vetoed a similar bill passed by Congress. Several years later he granted the same status to 200,000 Salvadorans.

Likewise, President Obama could defer action against persons who would be covered by the Senate-passed bill that Republicans blocked. Like Presidents Reagan and Bush, he could use his authority to prevent family separation – this time of undocumented close family members of U.S. citizens, lawful permanent residents, or DACA beneficiaries. Similarly, he could recognize that it is “essential for agriculture” that farmworkers who toil in our fields do so without fear.

Another broad authority under existing law the President has at his disposal is to “parole” persons into the country “on a case-by-case basis for urgent humanitarian reasons or significant public benefit.”

Once again, this authority is not unprecedented. Presidents Ford and Carter “paroled” into the country hundreds of thousands of Vietnamese. Presidents George H.W. Bush and George W. Bush both used “parole” authority for families who were ineligible for or denied refugee status. President George W. Bush also created a program to “parole” into our country Cuban nationals who would otherwise be forced to wait abroad for a visa number. President Obama recently announced plans to create a similar program for certain Haitians.

Similarly, the President could “parole” into the country the spouses, sons, and daughters of American citizens and lawful permanent residents who face lengthy separation waiting for a visa. Doing so would not permit family members to skip the line, but it would allow them to wait in line with their family until a visa number becomes available.

Last year, the Administration also formalized a policy of paroling “in place” the spouses, children and parents of military personnel and veterans already here in the United States. Through parole in place, military family members who entered the country without being inspected may become eligible to obtain lawful permanent residence without having to leave the country for ten years. This corrects a gross unfairness in immigration law that overwhelmingly harms persons from the Americas.

The President can build upon his “parole in place” policy for military families to benefit countless other mixed-status families. He can similarly use this authority for immigrants whose talents are so great that they can create jobs here in America, who are part of significant research, innovative efforts or professional work that makes our economy stronger. These initiatives are of significant public benefit to our country.

Those who oppose immigration reform would have us believe that administrative action amounts to “rewriting the immigration laws.” We all know that no president can rewrite the laws. But it is important to remember that Congress and the Constitution give presidents broad authority to take executive action on immigration policy, and past presidents have used this authority generously. That President Obama has pledged to do so as well is not cause for consternation, but is consistent with a president’s well-established authority under existing law.

Although it is ultimately the job of Congress to reform our immigration laws, we nevertheless look forward to the President’s bold and meaningful action to improve the lives of Americans and immigrants alike and advance the interests of our nation.